La casuística que se puede dar a la hora de recopilar la documentación necesaria para tramitar la nacionalidad española por residencia es bastante amplia. No todos los solicitantes parten de la misma situación personal, documental o administrativa: influye el país de origen, el idioma de expedición de los documentos, la necesidad de traducción jurada, la obligación o exención de realizar los exámenes del Instituto Cervantes, el número de certificados que deben aportarse y si dichos documentos requieren apostilla o legalización consular. Por ello, aunque existen tasas fijas, el coste final puede variar notablemente de un expediente a otro.
A efectos prácticos, conviene distinguir entre los gastos obligatorios comunes —como la tasa administrativa de nacionalidad— y los gastos variables, que dependen de la documentación concreta de cada cliente. Los certificados extranjeros suelen requerir una planificación previa, ya que deben estar vigentes, correctamente emitidos, apostillados o legalizados y, cuando proceda, traducidos por traductor jurado reconocido en España. Además, algunos solicitantes pueden quedar exentos de los exámenes CCSE o DELE, mientras que otros deberán abonar ambas pruebas, lo que incrementa el presupuesto total.
Caso 1. Latino americano con ESO en España
Ciudadano ecuatoriano de 23 años que llegó a España a los 16 años mediante reagrupación familiar solicitada por sus padres y cursó y finalizo la ESO en un colegio español.
En este supuesto, el coste se reduce de forma considerable porque el solicitante procede de un país hispanohablante y, además, ha cursado estudios oficiales en España. Esto puede permitir justificar la exención de determinadas pruebas, especialmente si se acredita adecuadamente la escolarización y la superación de la enseñanza secundaria obligatoria. En consecuencia, el presupuesto se concentra principalmente en la tasa administrativa, la obtención de certificados del país de origen y la apostilla o legalización de dichos documentos.
Caso 2. Ciudadano de Turquía.
Ciudadano tuco de 37 años que llego a España con 25 años entrando con visado de turista, obteniendo la situación regularizada desde hace 11 años
En este segundo supuesto el coste total aumenta porque el solicitante no procede de un país hispanohablante y, por tanto, normalmente deberá acreditar tanto el conocimiento constitucional y sociocultural de España mediante la prueba CCSE como el conocimiento suficiente del idioma español mediante el examen DELE A2, salvo que pueda acreditar una causa concreta de exención. Además, al tratarse de documentación extranjera expedida en otro idioma, es habitual que los certificados deban traducirse mediante traducción jurada, lo que supone uno de los conceptos que más incrementa el presupuesto final.
Como conclusión, puede indicarse al cliente que el coste mínimo suele corresponder a expedientes sencillos, con documentación en español, sin necesidad de traducciones y con exención de pruebas. En cambio, los expedientes de solicitantes no hispanohablantes o con varios documentos extranjeros pueden alcanzar importes sensiblemente superiores. Por este motivo, antes de facilitar un presupuesto cerrado conviene revisar la nacionalidad del solicitante, su historial de residencia, los estudios realizados en España, el idioma de sus documentos y el número exacto de certificados que será necesario aportar.