Ofrecemos un resumen actualizado de cómo ha transcurrido el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno, con el objetivo de que disponga de una visión clara tanto del origen normativo de la medida como de las principales incidencias detectadas durante su tramitación.
El origen oficial de la medida
El proceso quedó habilitado mediante el Real Decreto el 14 de abril. El plazo de presentación de solicitudes se abrió el 16 de abril, tanto por vía telemática como mediante cita previa presencial, y permaneció abierto hasta el 30 de junio de 2026.
El Gobierno la presentó como el primer hito de su Plan de Integración y Convivencia Intercultural. Podían acogerse a ella dos perfiles de personas:
Aquellos que hubieran solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026,
Y quienes, encontrándose en situación irregular, hubieran llegado al territorio nacional antes de esa misma fecha.
La previsión inicial del Ministerio manejaba una cifra de referencia de 500.000 expedientes, si bien el sistema se dimensionó con capacidad para tramitar hasta 752.250 solicitudes.
Primeros días: problemas operativos
Desde el mismo arranque del proceso se detectaron dificultades. Los sindicatos que representan al personal de la Administración —CSIF, entre otros— denunciaron "falta de previsión" y "situaciones de colapso", llegando a producirse incidencias de red, insuficiencia de personal y largas colas prolongadas en las oficinas.
– Colas que se extendían más allá del horario previsto de atención.
– Citas que superaban ampliamente los 20 minutos estimados por expediente.
– Oficinas desbordadas que llegaron a cerrar hasta dos horas más tarde de lo habitual.
Saturación de la plataforma y de las citas
Conforme avanzaba el plazo, la presión se trasladó a los sistemas informáticos. Los despachos especializados constataron ya en el mes de junio una saturación evidente de la plataforma de la Oficina de Extranjería, con una disponibilidad de citas presenciales muy limitada.
Esta escasez de citas generó, además, un problema añadido de carácter irregular: la aparición de gestores no autorizados y locutorios que ofrecían la reventa de turnos para la toma de huellas de la TIE por importes de hasta 300 euros, aprovechando la urgencia de los solicitantes. La vía oficial, gratuita, llegó a arrojar fechas de cita hasta bien entrado 2027.
La concentración de la demanda en un plazo tan breve saturó también los servicios sociales municipales. El sindicato CSIF registró documentación en numerosos ayuntamientos —de forma destacada en la provincia de Málaga— reclamando refuerzos de plantilla y una dotación extraordinaria de personal para hacer frente al volumen de consultas y tramitaciones.
Al cerrarse el plazo de solicitud el 30 de junio, las cifras finales superaron ampliamente las estimaciones iniciales. Según algunos datos el contador de la aplicación de tramitación llegó a marcar 1.280.000 presentaciones registradas a nivel estatal —cifra que, pese a incluir previsibles duplicidades, sitúa el volumen final por encima del millón de expedientes—. En Cataluña, la Delegación del Gobierno confirmó que se superó holgadamente la horquilla inicial prevista de 150.000 solicitudes.
Por eso nos preguntamos ¿qué esperar a partir de ahora?
El cierre del plazo de solicitud no cierra el proceso, sino que traslada la presión a la siguiente fase: la resolución de los expedientes y la expedición de las correspondientes tarjetas de identidad de extranjero. Desde la abogacía se advierte de un posible atasco en esta fase de expedición, y los sindicatos anticipan ya una nueva oleada de carga de trabajo cuando, en 2027, llegue el turno de las primeras renovaciones.
En la misma línea, se ha señalado que el verdadero cuello de botella se producirá precisamente ahora, ya que el procesamiento íntegro de la documentación corresponde en exclusiva a los funcionarios de las oficinas de Extranjería, sin que por el momento se haya confirmado un refuerzo de plantilla proporcional al volumen recibido.
Para finalizar
En síntesis, el proceso ha tenido una acogida muy superior a la prevista en volumen de solicitudes, lo que constituye en sí mismo un dato positivo en cuanto a su alcance. Sin embargo, esa misma magnitud ha puesto de manifiesto carencias claras de dimensionamiento: saturación tecnológica, insuficiencia de medios humanos, aparición de prácticas irregulares en la gestión de citas y una presión ahora trasladada a la fase de resolución. Desde esta gestoría seguiremos informándole puntualmente de cualquier novedad relevante, especialmente en lo referente a los plazos de resolución en la provincia de Málaga.